Por primera vez en la historia de Nicaragua, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la crisis que vive Nicaragua a causa de la represión y la violación de los derechos humanos este jueves catorce de marzo, donde se contempla severas sanciones económicas y migratorias contra los funcionarios responsables las muertes, heridos y supresión de libertades.

La resolución fue aprobada con 322 votos a favor, 25 en contra y 39 abstenciones, como consecuencia a la falta de voluntad del gobierno de Daniel Ortega a buscar una solución pacífica, lo cual ha sido demandado por la Eurocámara y de manera directa por la misión de este órgano que en enero pasado visitó el país y sostuvo un encuentro en el que Ortega se habría comprometido a mejorar la grave situación de derechos humanos.

En la resolución el Parlamento “condena todas las acciones represivas del gobierno nicaragüense” y señalan que, tras la visita de eurodiputados a Nicaragua, “ha habido un aumento en la represión de la oposición y las limitaciones impuestas a las libertades fundamentales”.

Como medidas de sanciones proponen al Parlamento Europeo solicitar que el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros implementen, sin dañar a la población nacional, “un proceso escalonado de sanciones específicas e individuales, como prohibiciones de visas y congelaciones de activos, contra el Gobierno de Nicaragua y las personas responsables de los derechos humanos”.

En su propuesta, los eurodiputados concluyen que “Nicaragua sufre una grave violación de la democracia, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho”, por lo tanto, “instan a que la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central, de la que Nicaragua es signataria, se active al suspender a Nicaragua del acuerdo”.